Ley para regular el uso de armas de fuego en la disolución de protestas

Legitimar el uso de la fuerza pública

Miércoles, 21 Mayo 2014 19:00
Autor:   Angélica Martínez/ Subterráneos
 La justificación para aprobar esta ley giró en torno a la preservación del orden público, “evitar afectaciones a la integridad física graves, de elementos policiales y terceros” y “preservar la vida”

 

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. (…) Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a alguna autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere el uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

(Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

 

Puebla, Puebla. 21 de mayo de 2014. Hace unos días, se dio a conocer que entre el paquete de iniciativas, enviado por el Gobierno del Estado de Puebla al Congreso Local, se contempla la llamada “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones judiciales del Estado”. Es decir, la fuerza pública podrá hacer uso de armas de fuego para dispersar una manifestación.

Dicha ley, también llamada “Ley Bala”, fue aprobada en el congreso local este lunes 19 de mayo con 32 votos a favor y 5 en contra. Está compuesta de 53 artículos. Los legisladores consideraron que no se violentan los derechos humanos, ni busca reprimir, al contrario, se busca la paz social y la protección de la ciudadanía.

La justificación para aprobar esta ley, gira en torno a la preservación del orden público, “evitar afectaciones a la integridad física graves, de elementos policiales y terceros” y “preservar la vida”. El uso o no de armas de fuego, queda a entera consideración y responsabilidad de la policía, quienes deberán sopesar si “se está poniendo en peligro a personas distintas al agresor.”

Dentro de esta iniciativa, también se contempla la clasificación de la protesta en tres tipos: ilícitas, ilícitas no violentas y violentas. Sin embargo, no se dan a conocer los criterios explícitos bajo los que se regirán los elementos de las instituciones de seguridad pública del estado y policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para diferenciar estos tres tipos de manifestaciones.

Una crítica que realiza la ONG Nodo de Derechos Humanos, es que no se abunda en lo que se considera un acto “violento” y no se distinguen las acciones particulares violentas que se pudieran cometer. Dichas lagunas, advierten, dan lugar a detenciones arbitrarias y abuso policíaco.

Además, se establece que para intentar dispersar las manifestaciones “ilícitas no violentas” se utilizará al mínimo la fuerza pública. En caso de “manifestaciones violentas”, se seguirá el siguiente proceso: primero se utilizará la disuasión verbal (gestos, advertencias y órdenes verbales), después el uso de acciones físicas para someter, luego armas incapacitantes no letales (bastones judiciales, agentes químicos irritantes, pistolas noqueadoras y dispositivos eléctricos de control) y por último las armas de fuego o fuerza letal. (La Jornada de Oriente, 16 de mayo)

Uno de los conceptos que si queda definido en dicha ley, es el de “Agresor”, considerado como “Persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, agentes policiales, la colectividad y el propio estado.” (Intolerancia, 16 de mayo)

Sin embargo, y como lo señala Emilio Muñoz Berruecos en su artículo “La criminalización de la protesta social” publicado en La Jornada de Oriente el 17 de abril, el gobierno federal y estatal cuando reprime algún movimiento social o líder del mismo, recurre a conceptos como: estado de derecho, democracia y legalidad; pero visto desde la perspectiva autoritaria y no de los derechos humanos. Y por otro lado utilizan mecanismos como: renunciar al diálogo, represión policial, descalificación y equiparar a los luchadores sociales con delincuentes y desestabilizadores.

 

Puebla y el clima de protestas

En abril de 2014, se realizó la detención de ambientalistas que se oponen al Proyecto del Gasoducto Morelos y Libramiento Poniente; mismas que han desatado una serie de protestas que piden su liberación.

El jueves 15 de mayo, maestros se manifestaron en el zócalo de la Ciudad de Puebla y simultáneamente, integrantes de la 28 de octubre, marchaban sobre la 3 sur en el Centro Histórico de Puebla.

 

Criminalización de la protesta en otros estados

Puebla, no es el único estado que ha adoptado medidas que se han calificado como represivas y retrógradas. Está, por ejemplo: Ley de manifestaciones públicas o Ley Sotomayor (DF), Ley que regula las reuniones y manifestaciones en lugares públicos del Estado de Jalisco, Ley de ordenamiento social del Estado de Quintana Roo, Ley de movilidad DF y Ley de manifestaciones públicas, libertad de tránsito y derechos de terceros del Estado de San Luis Potosí. Más recientemente, en Chiapas, se aprobó un código que busca regular el uso de la fuerza pública ante protestas sociales y legitimar el uso de armas no letales para disolver manifestaciones violentas.

Dicho código fue promovido por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y considera una manifestación violenta como aquella que utilice amenazas para intimidar y se solucione a su favor, perturbe la paz pública y el grupo de personas se encuentre armado. El uso de armas, dice, se deberá regir bajo principios de “racionalidad, proporcionalidad, congruencia y respetando los derechos humanos”

 

Opinión de organismos internacionales e independientes

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición oficial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público (…) El derecho a la información será garantizado por el Estado”

(Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.)

Article 19, organización independiente de Derechos Humanos que trabaja en todo el mundo para que se respete el derecho a la libre expresión, realizó un informe sobre los retrocesos que ha tenido México en cuanto al tema de la libertad de expresión y reunión.

Esta organización, destaca el hecho de que a la protesta se le da una connotación negativa por parte del Estado, apoyada por los medios de comunicación masiva,

Entre los puntos que destaca, apoyados en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no se podrá utilizar el concepto de “bien común” y “orden público” para reprimir una protesta social. Además se debe ver a la protesta social como un derecho humano, “un catalizador del debate abierto de temas de interés público, un mecanismo de participación política, un instrumento de defensa y garantía de otros derechos y como el núcleo esencial de la democracia.”

En cuanto al uso de armas para disolver estas manifestaciones, Article 19 opinó, en un comunicado publicado luego de la aprobación de código en Chiapas, que se vulneran los derechos de libertad de expresión, reunión y se presta a decisiones arbitrarias por parte de los elementos judiciales.

Por su parte, Nodho (Nodo de Derechos Humanos) inquiere al gobernador Rafael Moreno Valle, a través de un comunicado: “¿Han tomado en cuenta que esta ley, que explícitamente faculta a los policías para hacer uso de fuerza letal (por gradual que esta sea) será aplicada, tras su posible aprobación, por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente?” (La Jornada de Oriente, 18 de mayo)

 

Lo que dicen las redes sociales en Puebla

Carlos Herrera: "La ley Bala" de ninguna manera afecta, lo único que hacen es intimidar y a eso se le llama represión. Y pues lo que podría sería atentar contra la vida.

 

Dalila Franco: La violación de las garantías individuales nos afecta a todos.

 

Milka Andrea Ibañez Martinovic: Exacto, sabemos que nuestras autoridades carecen de sentido común para diferenciar las cosas, así que cualquier visceral podría mal utilizar todo. A parte, las armas nunca son la opción. Y acá en Puebla pocas veces he visto manifestaciones que se salgan de control como para poner ese tipo de ley, y aunque así fuera: Violencia genera violencia.

 

Link: http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/INFORME_Protesta%20Final%202.pdf

http://es.scribd.com/doc/225088513/Ley-del-Uso-Legitimo-de-la-Fuerza-Publica

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